- Hay aproximadamente 2,94 millones de empresas activas, de las cuales el 53,1% no tiene ningún empleado.
- El 39% de estas empresas tiene entre 1 y 9 trabajadores, lo que significa que cerca del 92% del tejido empresarial corresponde a microempresas.
- Solo 5.400 empresas tienen más de 250 empleados, y apenas 191 superan los 5.000 trabajadores.
Repetimos este último dato. En España, de las 3 millones de empresas existentes, solo 191 podrán considerarse grandes empresas y solo 5.400 son empresas... a secas. Al resto hay que ponerles apellidos como pequeña, mediana, micro o freelance.
Esto significa que, al hablar de empresas en España, nos referimos principalmente a pequeños negocios como la tienda de Carmen o el restaurante de Pedro o el taller de Manolo o la pescadería de Teresa, gente de tu barrio, que apenas subsiste trabajando (esas sí), mucho más de 37,5 horas a la semana. Pero muchísimo más.
Pero, sin embargo, los medios y los políticos, cuando despotrican del empresario parecen estar señalando o hablando más de corporaciones como Repsol o Telefónica, que son solo la minoría. Y al hacerlo insultan y señalan como victimarios a ese 92% que son los que de verdad sustentan el tejido económico español.
Sin embargo, muchas de las políticas laborales y fiscales impulsadas en los últimos años afectan a todas las empresas por igual, sin considerar esta disparidad estructural. Lo que a su vez empuja a las empresas a realizar abusos laborales para sobrevivir -sí, también hay malas personas al frente de pequeñas empresas-.
Antes de continuar señalaremos algo que resulta común en el mundo del profesional freelancer. Nadie quiere contratar empleados o empleadas, aunque podría. Porque antes lo fueron, saben como eran y se comportaban... ¡y no quieren recibir el mismo trato ni tener los mismos problemas cuando ellos o ellas sean quienes contratan!
Es la verdad y, al igual que de manera frecuente señalamos los abusos, hoy toca hacerlo en sentido contrario. Muchos trabajadores y trabajadoras abusamos, no nos implicamos, engañamos, ponemos excusas, mentimos, robamos e, incluso, actuamos deslealmente en contra de la empresa favoreciendo a su competencia.
Ahora, ponte en el papel de alguien que tiene una mercería en Leganés y dinos si (muy probablemente) no acabarías convirtiéndote en un "empresario hijo de...". Es cuestión de supervivencia.
Medidas implementadas en los últimos años
Desde 2017, el Gobierno ha aprobado una serie de normativas que han cambiado el panorama empresarial en España. Cuando tú haces caso a un periódico, radio o televisión y hablas mal de los empresarios y empresarias, de ese 92% anónimo y silencioso, nunca estás teniendo en cuenta, porque los medios tampoco lo hacen, de las presiones que vienen soportando en la última década y que ha llevado a muchas pequeñas tiendas y negocios a cerrar.
Algunas de las más relevantes, y solo son algunas, incluyen:
- Incremento del salario mínimo interprofesional (SMI):
Ha pasado de 707 euros mensuales en 2017 a 1.080 euros en 2023, un aumento del 52,7%. Según el Banco de España, este incremento ha beneficiado a los trabajadores, pero también ha generado una mayor presión para pequeñas empresas, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio.
Pero no se han disminuido impuestos para ayudar a las empresas a soportar esta presión, más bien al contrario, se han incrementado. De hecho, la subida de un salario implica la subida de sus cotizaciones, retenciones y otros impuestos o cargas vinculantes. - Registro horario obligatorio:
Implantado en 2019, esta medida obliga a todas las empresas a controlar las horas trabajadas por sus empleados. Según un informe de CEOE, para las pequeñas empresas esta medida ha supuesto una inversión adicional en sistemas de gestión y un aumento en la carga administrativa.
Pero, no se ha hecho nada para combatir el absentismo laboral y los abusos que algunos trabajadores y trabajadoras ejercen sobre las empresas, causándoles pérdidas, rompiendo las dinámicas de equipos, interrumpiendo procesos y ocasionando continuos problemas en las organizaciones. - Planes de igualdad para empresas con más de 50 trabajadores:
Una medida orientada a garantizar la equidad en las empresas, pero que exige recursos especializados que muchas medianas empresas no tienen.
Lo que no favorece para nada la meritocracia (la real, la que se sustenta en los méritos y no en la cuna o el apellido). Y en absoluto favorece la captación de talento en la empresa. Ahora la prioridad es lo que llevas entre las piernas o como te defines cuando te metes en la cama con otra persona, no lo que sabes hacer o lo que eres capaz de conseguir o la trayectoria que tienes en tu vida profesional. - Diversos incrementos fiscales:
Aumento de impuestos como el de Sociedades y cambios en los tramos del IRPF, además del incremento del IVA en determinados productos.
Y, al mismo tiempo, las subvenciones se convierten en sogas al cuello de las pequeñas empresas, ya que llevan consigo múltiples obligaciones que no se ajustan a la realidad y la situación de la pequeña empresa o el autónomo. Cosas como tener la "obligación" de estar de alta 3 años, mantener el número de puestos de trabajo indistintamente de la situación u otro tipo de exigencias redactadas desde la mesa de un funcionario, alejados de la realidad, añaden más presión, ya que cuando no es posible mantener esas condiciones el peso de la Administración Pública cae sobre la empresa exigiendo la devolución de esas ayudas.
Por otro lado las ayudas no se ajustan a la necesidad, muchos requisitos arbitrarios dejan fuera a pequeñas empresas que pueden necesitar esa ayuda.
Y, después de todo, lo que más ayudaría a la empresa, más que darles dinero envenenado, sería no quitárselo. Pero esta opción nunca es una opción en España, gobierne quien gobierne. - Ampliación de permisos laborales:
La extensión de los permisos de paternidad (de 4 semanas en 2017 a 16 en 2021) y otras medidas como los permisos por cuidado de hijos o por reglas dolorosas han aumentado los costes de sustitución para las empresas.
El mayor absentismo incide en la necesidad de más contrataciones para cubrir las vacantes. Y eso incluye el absentismo legalizado o formal o justificado, porque también es una ausencia.
Y no, no estamos diciendo que no puedas coger una baja por paternidad, días de permiso por asuntos propios o jornadas reducidas. Lo que decimos es que no debería pasar que los derechos que tú tienes y te otorga la normativa corresponda siempre en cuanto a su carga sobre la parte privada de la sociedad y nunca sobre lo público. - Eliminación de contratos temporales:
Sustituidos por contratos fijos discontinuos, una medida que dificulta la flexibilidad en sectores estacionales como el turismo o la agricultura.
Al tiempo que la contratación subvencionada es una trampa en la que es fácil caer, tal y como comentamos más arriba. Es curioso que aquellos países que se utilizan como referencia a la que salir por su progresismo son aquellos con mayor flexibilidad en el ámbito laboral para contratar y despedir. Esa capacidad de rotación introduce la competitividad entre los trabajadores. Las personas más capaces, preparadas e implicadas son quienes obtienen los mejores puestos y los mejores remunerados.
Puede ser injusto, sí, pero por qué tendría yo que cargar y hacerme responsable de tu ineptitud, falta de responsabilidad y compromiso, dejadez en tu formación o ausencia de capacidad. Es el Estado quien deberá poner recursos a tu disposición para ayudarte a mejorar. No una persona privada -empresario o empresaria- que te paga para que hagas unas tareas y generes un resultado, no para resolver tus incompetencias. - Canales de denuncia obligatorios:
Para empresas de más de 50 trabajadores, esto ha supuesto la necesidad de implementar nuevos sistemas de comunicación interna y cumplir con requisitos legales estrictos.
Pero al igual que pasa con otros tantos recursos donde A puede señalar a B, los abusos no han tardado en hacer acto de presencia. Y esos abusos introducen nuevo ruido en las empresas. Un ruido molesto que genera pérdidas y entorpece los procesos pero que a los funcionarios y funcionarias que redactan las normas les da igual.
Medidas futuras en estudio
El panorama legislativo sigue evolucionando, lo arriba comentado solo es una muestra de lo que han sido los últimos 10 años. Ahora hay varias normativas están en proceso de aprobación o debate, que de una forma u otra se aprobarán. Y que introducirán aún más peso sobre los de siempre, sobre Luisa y su mercería, sobre Manolo y su taller, sobre Antonia y su restaurante.
Algunas de ellas son:
- Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas:
Sin reducción salarial, lo que trasladará el coste íntegramente a las empresas. - Factura electrónica obligatoria:
Aunque positiva en el largo plazo, exige una adaptación tecnológica inmediata que puede ser complicada para pequeñas empresas y autónomos. Muy complicada, de hecho. La mayoría acabará requiriendo servicios externos que incrementarán sus costes funcionales. - Registro horario electrónico accesible por Inspección de Trabajo:
Requiere plataformas digitales específicas que generan costes adicionales. Ídem a lo anteriormente comentado. - Informes de sostenibilidad y transparencia retributiva:
Obligatorios para empresas medianas y grandes, incrementando la carga burocrática, que tarde o temprano llegarán a las empresas pequeñas. - Subidas de cotizaciones sociales:
Las denominadas “cuotas de solidaridad” se sumarán a los ya elevados costes laborales. Según el Banco de España, estas subidas podrían reducir las contrataciones en sectores sensibles. Nosotros decimos que no podrán, lo harán. - Auto bajas laborales:
Permitir que un trabajador se conceda hasta tres días de baja con una simple declaración responsable podría generar abusos y afectar la organización interna de muchas empresas. Éste, quizás, es uno de los mayores disparates que no solo no combate en absoluto el absentismo laboral sino que lo va a disparar a cotas inimaginables. El español, y la española, siempre ha sido pícaro. Va en nuestra genética y nuestra historia. ¡No vamos a desaprovechar esta oportunidad!
El impacto en las empresas
Estas medidas han generado inquietud en el tejido empresarial, especialmente en las microempresas y pymes.
Las preguntas que surgen son:
- ¿Cuántas de estas medidas realmente contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas?
- ¿Cuántas pequeñas empresas tienen los recursos humanos y materiales para adaptarse a tantas exigencias?
- ¿Están los legisladores considerando la estructura empresarial única de España al diseñar estas políticas?
Según un informe de Cepyme, más del 70% de las pymes considera que la normativa laboral y fiscal actual supone una carga desproporcionada que limita su capacidad de crecer, contratar e invertir.
El debate no está en si estas medidas son justas o necesarias en términos sociales, sino en si están adecuadamente diseñadas para un país donde el 92% de las empresas son microempresas. Sin empresas viables, no hay empleo, y sin beneficios empresariales no hay inversión ni crecimiento económico.
La pregunta esencial es: ¿El objetivo del Gobierno es fomentar la actividad empresarial o, sin quererlo -o queriéndolo-, está dificultando su desarrollo?
Un equilibrio entre los derechos laborales y la sostenibilidad de las empresas es crucial.
Sin embargo, las decisiones actuales parecen estar empujando a muchos pequeños empresarios a la pregunta más dura: ¿podemos seguir adelante?
Y la respuesta es clara: para muchos y muchas es no.
---
Es posible que si eres un mentecato o una mentecata de pensamiento cerrado este artículo te ofenda y más estando publicado en un sitio como esta web. Pero verás, en nosoyunparado.es solo nos arrimamos a un tipo de palo ideológico: la razón, la igualdad, el debate y la justicia.
Si tenemos que denunciar abusos empresariales, lo hacemos.
Si tenemos que denunciar abusos de la administración pública, como es el caso de este texto, lo hacemos.
Si tenemos que denunciar abusos de los trabajadores y trabajadoras... pues... lo hacemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario